“Golpe de Estado franco y abierto en Mexico”:

 

Este lunes la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del poder Judical de la Federación (Jufed) acusó que hay un “golpe de estado franco”  con la reforma al Poder Judicial que impulsó Andrés Manuel López Obrador.

Por lo anterior, pidieron apoyo a la comunidad internacional a quienes pidieron no permanecer en silencio.

“Instamos también a la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a los gobiernos democráticos del mundo a condenar este retroceso democrático que coloca a México del lado de las autocracias”, advirtió.

 

Además de lo anterior, la Jufed exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumir su responsabilidad en defensa de independencia judicial.

“Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y al respeto a sus derechos humanos, que están en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no sólo afectan a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico y social del país”, advirtieron.

Al ser cuestionados sobre cómo se sienten por el hecho de que el Senado de la República definió su futuro profesional en una tómbola, la directora de la Jufed, Juana Fuentes, aseguró que los juzgadores se sienten “indignados” de ver cómo “se jugaron vidas en una tómbola”.

“Vidas profesionales, proyectos de cada uno de los juzgadores que decidieron de manera meritocrática llegar a estos cargos, aprobando exámenes, llevando a cabo posgrados y profesionalizándose cada día en el ejercicio que implica la gran labor de juzgar”, dijo.

Reforma al Poder Judicial pone en riesgo el T-MEC

La JUFED además denunció ante la comunidad nacional e internacional el grave retroceso democrático y jurídico que representa la reciente reforma judicial promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum y su mayoría legislativa en el Congreso.

Esta reforma, al eliminar la independencia judicial, compromete seriamente el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por México, especialmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El T-MEC exige que los países miembros mantengan un sistema judicial imparcial e independiente para resolver disputas comerciales. Sin embargo, la reforma judicial aprobada pone en riesgo estos compromisos, debilitando el marco legal que protege los derechos de los ciudadanos y de los inversore